Cuando forzamos la interpretación de la realidad , sólo y exclusivamente a favor de intereses particulares, no reinterpretamos la historia sino que la inventamos.
Y eso es lo que hace en la nota del domingo el periodista Horacio Verbitsky al pretender atribuir a Alfonsín y a Isabel Perón un supuesto pacto de impunidad respecto de Isabel y en relación a los crímenes de las Tres A.
Basa su hipótesis , en la Ley de reparación histórica sancionada en 1984, por el Congreso de mayoría peronista en el senado, y omite una serie de datos fundamentales que demuestran lo contrario.
La Triple A fue una banda parapolicial fundada por el entonces ministro de Bienestar social del Gobierno de Perón y de Isabel: José López Rega. El primer atentado oficial de esa banda terrorista de ultraderecha se cometió durante la Presidencia de Perón y después de su muerte, la banda actuó con total impunidad, protegida por el aparato estatal y como antesala del Terrorismo de Estado que se instaló con el golpe del 24 de marzo de 1976.
Cuando el Pueblo argentino votó el 30 de octubre de 1983, el candidato justicialista Italo Luder , defendía la imposibilidad de derogar la llamada ley de Autoanmistía con la que los militares limpiaban todos los crímenes cometidos durante la dictadura . Frente a esta postura, Alfonsín denunció el pacto sindical-militar, que permitía la impunidad a cambio de darle al sindicalismo ortodoxo el manejo de los gremios ,“ in eternum”.
Los decretos 157 y 158 fueron una bisagra en la historia política y judicial del país, permitiendo un juicio único en el mundo contra los principales responsables del Terrorismo de Estado.
No era necesario firmar un decreto para perseguir los crímenes de las Tres A , ya que ellos comenzaron durante un gobierno constitucional y además en 1975, se había iniciado la causa judicial .
La democracia Argentina se encontró con un país en ruinas. Por primera vez en décadas la desocupación estaba en los dos dígitos y el aparato productivo se encontraba destruido. La deuda externa se había multiplicado por cinco y los acreedores externos estaban dispuestos a ahogar a la naciente democracia. Por otro lado, la influencia de los jerarcas del proceso estaba casi intacta , pero la voluntad de un pueblo y el compromiso asumido por el gobierno permitieron llevar adelante la CONADEP y un juicio histórico.
El peronismo se encontraba atomizado , Luder había desistido de encabezar la Corte Suprema de justicia, y las luchas internas después de la derrota, recién habían comenzado. Alfonsín se reunió varias veces con Isabel , como presidenta del justicialismo y con la intención de establecer con algún sector de ese partido un marco mínimo de gobernabilidad .
El gobierno de María Estela Martínez de Perón había sido ( y aún lo sigue siendo) el peor gobierno de la democracia Argentina, no sólo por las crisis económicas ( que luego también tuvieron otros y sufrieron inexorablemente los más pobres ) sino básicamente por haber apañado , por lo menos por omisión, a la violencia política paraestatal que dejó miles de muertos. Sin embargo, el propio peronismo la había vuelto a consagrar su presidenta. La Ley de Reparación histórica buscaba anular los procesos abiertos por la Dictadura contra los poderes legalmente constituídos y de esa manera se ponía un freno a la doctrina de la corte Suprema del año 1930 y de 1943 que legaliza y legitima a los gobiernos de facto por la continuidad jurídica del Estado. La Ley sólo anulaba los procesos abiertos durante la dictadura , y la causa de las “tres A” era anterior, de 1975.
Cuando en 1994 se sanciona el art. 36 de la Constitución Nacional en defensa del orden constitucional se establece que la “ … Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insalvablemente nulos…” Es decir que la nueva redacción de la Constitución impide, para el futuro, que cualquier Corte pueda convalidar los actos jurídicos de un nuevo golpe de Estado. Entre los antecedentes que los constituyentes tuvieron en cuenta para sancionar este artículo se destacan: la derogación de la Ley de autoanmistía, la Ley de Reparación Histórica, la Ley de defensa del orden constitucional y la Ley de defensa de la democracia.
Cualquier juez pudo y puede juzgar a Isabel por los crímenes cometidos por la Triple A. La causa que se inició en 1975, sólo avanzó durante los primeros años de la democracia y fue durante el gobierno de Alfonsín que a instancia del entonces fiscal federal Ibarra, la justicia detuvo a José López Rega y pidió la extradición de Almirón y Morales. Después se volvió a paralizar.
Se podrá discutir políticamente si Perón apañó o ignoraba ( su dimensión histórica trasciende este hecho), si Isabel fue cómplice o una simple espectadora, pero judicialmente, hasta ahora, no aparecieron elementos que la incriminen y los que aparecieron, apuntaron a López Rega como el máximo responsable de los delitos.
Podemos tener opiniones divergentes acerca de los procesos históricos. Es saludable disentir o tener miradas distintas sobre la interpretación de la realidad, tener pasiones políticas encontradas dentro de la democracia, pero lo que no podemos es acomodar los hechos a nuestra exclusiva conveniencia.